Venezuela denuncia el Estatuto de Roma y se retiró definitivamente de la Corte Penal Internacional.
Caracas, 25 de julio de 2026.- El canciller Félix Plascencia anunció la decisión «firme e irrevocable» de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) porque profundiza «las desigualdades entre los pueblos».
El Gobierno de Venezuela comunicó su decisión «firme e irrevocable» de renunciar al Estatuto de Roma e iniciar su salida definitiva de la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que dicho organismo tiene un «sesgo» que ha centrado su trabajo de forma «desproporcionada» en naciones africanas y latinoamericanas.
«Este modelo muestra una justicia global que, en lugar de ser aplicada de manera justa, ha sido utilizada para acentuar las desigualdades entre las naciones y desestimar su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», indicó el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Félix Plasencia, en un comunicado difundido en X.
Asimismo, mencionó que por instrucciones de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, informó de esta decisión al secretario general de la ONU, António Guterres.
Plasencia afirmó que el «sesgo» de la CPI no es meramente un accidente procesal, «sino un reflejo de una institución que ha utilizado sus mecanismos para intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que afirma proteger».
«Por eso repudiamos esta faceta de lawfare, que sostiene la persecución del pueblo venezolano y acentúa las desigualdades que la justicia internacional debería resolver», añadió.
Igualmente, el canciller subrayó el compromiso de Venezuela con una justicia verdaderamente justa, que respete la soberanía y la autodeterminación de las naciones.
En diciembre anterior, la Asamblea Nacional venezolana, dominada por el chavismo, sancionó de manera unánime una normativa que repele la vinculación del país al Estatuto de Roma con el propósito, según manifestó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, de «hacer saber al mundo la futilidad y la sumisión» de la CPI.
La ley fue aprobada por el Parlamento tras el anuncio de la Fiscalía de la CPI, el 1 de diciembre pasado, sobre el cierre de su oficina técnica en Caracas, al señalar una ausencia de «progreso real» con Venezuela en el ámbito de la «complementariedad».
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